SANTIAGO, (ORBE).-
SANTIAGO.- El Servicio Nacional de Migraciones informó que,
en conjunto con la PDI, se concretó un nuevo vuelo de
expulsión de 37 personas extranjeras procedentes de Bolivia,
Ecuador y Colombia. Se trata del vigésimo vuelo de
deportación durante la administración actual, que este 2025
ha concretado un total de 175 expulsiones de tipo judicial y
497 administrativas, según informó la repartición dependiente
del Ministerio del Interior.
SANTIAGO.- La entidad detalló que del total de expulsiones
administrativas, 20 fueron por ingreso irregular al país,
tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego. En tanto,
17 expulsiones de carácter judicial fueron por delitos como
robo con intimidación, robo con violencia, ocultamiento de
placa patente, receptación de vehículos motorizados y
vulneraciones a la normativa.
SANTIAGO.- El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero,
se refirió al oficio de Fiscalía Nacional a Gendarmería de
Chile para solicitar información sobre todos los imputados
extranjeros que se encuentren bajo su custodia. El secretario
de Estado sostuvo que «es una especie de auditoría del propio
Ministerio Público».
SANTIAGO.- El secretario de Estado aludió al denominado
«criterio Valencia», que comenzó en 2023, cuando el fiscal
nacional, Ángel Valencia, instruyó a los persecutores
solicitar prisión preventiva para extranjeros que, al ser
detenidos, no puedan acreditar su identidad con documentos
chilenos.
SANTIAOG.- Cordero dijo que a partir de ahí el Ministerio de
Justicia con el Registro Civil prestaron colaboración al
Ministerio Público para generar mecanismos de enrolamiento de
personas que carecían de identidad y, por tanto, que se
dispusiera de esos elementos para ese fin». Así, precisó que
lo anterior «es llamado como «canje penal»: el Estado le
entrega al procesado una identidad provisoria cuando carece
de ella y así enfrentar un procedimiento penal».
SANTIAGO.- Sobre si el Estado sabe quiénes son las personas
que están detenidas en centros penitenciarios y que son
extranjeros, aseveró que se pueden enfrentar problemas para
la identificación de los procesados «respecto de nacionales
venezolanos». «Las tres nacionalidades que tienen mayores con
mayor porcentaje de las personas privadas de libertad son
bolivianos, colombianos y venezolanos. Estos dos últimos han
aumentado muy significativamente», agregó en Meganoticias.